América Latina y el Caribe es una de las regiones más desiguales del mundo; más aún, la inequidad social y económica ha sido una característica permanente a lo largo de su propio desarrollo.
Por ello, la comprensión de este fenómeno y las acciones encaminadas a tratarlo son inevitablemente de interés público y eventualmente éstas abonarán al proceso de desarrollo social de los países de la región.
Abundantes investigaciones concretas a lo largo del continente tienen por objeto el estudio de la desigualdad y de sus implicaciones; sin embargo, soportan perspectivas diferentes sobre las acciones a seguir, siendo en la mayoría de los casos hasta contradictorias. Además, aunque entre los científi cos sociales no existe consenso sobre cómo definir desarrollo, es innegable que una sociedad más desigual no puede considerarse como una sociedad desarrollada.
Un país como Chile —que ha tenido en los últimos años avances significativos en diversos aspectos de índole económica— sigue registrando una alta concentración del ingreso. Sus indicadores de desigualdad (coeficiente de Gini) hacen que, pese a que el onud lo ubique en el lugar 45 mundial en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), se encuentre ubicado en el lugar 126 en materia de desigualdad en la distribución del ingreso. Situación parecida es la de Brasil, país de profundos contrastes y que es en el que mayor impacto tuvo la concentración del ingreso en su idh, sólo superado por
Colombia en América Latina.
La pérdida porcentual en el idh, dada la desigualdad, reafirma cómo la inequidad en la distribución del ingreso tiene un impacto negativo en el desarrollo. Al igual que en Chile, Colombia y México, el impacto sería menor si en otras dimensiones significativas para el desarrollo humano, como la educación y la salud, existiera una menor inequidad. Una mayor equidad en las condiciones educativas y de salud dará lugar, aún en condiciones de distribución inequitativa del ingreso, a condiciones de vida menos heterogéneas entre la población de un país o región.
El acceso a condiciones de vida menos heterogéneas en diversas dimensiones o materias dependerá de la eficacia y eficiencia de políticas públicas de largo plazo y alcance, las cuales presumiblemente deben orientarse a atender los riesgos sociales derivados de las condiciones de heterogeneidad social. En los últimos años, los países de América Latina han establecido diversas acciones en materia de política económica y social que indican una mejora o empeoramiento en cuanto a la heterogeneidad en las condiciones de vida de  su población. De hecho, el que los estratos de hogares ubicados en la parte más baja de la distribución de la riqueza social mejoren sus condiciones de vida estará en función no sólo de si esta riqueza social se repartió bien, sino también de que haya crecido, esto es, de que la economía haya presentado crecimiento económico permanente. A manera de ejemplo, México, además de ser un país con casi 30 años de crecimiento bajo, fue el país de América Latina que tuvo la caída en su PIB más profunda en la reciente crisis mundial de 2008 que —dada la estabilidad en la esperanza de vida y el relativo y marginal aumento en el acceso a la educación— generó una caída en su idh, bajando dos lugares en el ranking mundial. Situación opuesta se presentó en Perú, Venezuela y Colombia, dado que la caída en sus tasas de crecimiento fue más moderada.

En ese sentido, el Observatorio Latinoamericano de Pobreza de AUSJAL, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, realizó estudios en 10 países de América Latina en los que se encuentran Instituciones de Educación Superior de la Compañía de Jesús: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú, República Dominicana, Uruguay  y Venezuela. A través de sus equipos nacionales de investigación, el Observatorio desarrolló informes sobre el estado y condiciones de vida heterogéneas de la población de los países estudiados, los factores que las generan, los riesgos sociales que se derivan de tal estructura de heterogeneidades, y la respuesta gubernamental en materia de política pública que se ha aplicado, considerando en este último caso, si la política social nacional ha respondido adecuadamente a los riesgos sociales originados por tales heterogeneidades sociales. El caso argentino, no obstante, no estaba listo al momento de la publicación.