La entrega de comunidades enteras para proyectos de inversión, mineros, turísticos y energéticos – todo mediante la concesión federal a la iniciativa privada– ha despertado la ira de las comunidades naturales.  Cada vez son más los pueblos indígenas que se levantan contra las empresas que han comenzado a desplazarlos de sus lugares de origen.

Los grupos sociales que se han alzado a la defensa de la tierra se extienden desde las costas de Baja California Sur – en donde se pretende un mega proyecto turístico en Cabo Pulmo, sin atender el cuidado del medio ambiente–  hasta el caribe mexicano – donde la propuesta de Dragon Mart se mantiene latente–  pasando por los conflictos mineros en Zacatecas, Puebla, Durango, Michoacán o los energéticos de Oaxaca y Chiapas.

A la fecha, en todo el país se registran 418 puntos de conflicto entre empresarios y lugareños que amenazan con incendiar gran parte de la geografía nacional, sin embargo, el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Gobernación (Segob) solo reconoce la existencia de 8 disputas, todas relacionadas con la afectación al medio ambiente.

Ninguna de las pugnas reconocidas oficialmente son las que involucran desplazamientos, violación al derecho de propiedad o transgresión cultural por parte de las empresas desarrolladoras.

Minitas de oro… y otros metales

De las 418 disputas por la pertenencia de la tierra que hay extraoficialmente en el paísincluso  a rminar podrce e utaa, al menos 210 de ellas caen en el campo de la minería.

En contra las que se han levantado más poblaciones indígenas en busca de que cesen sus proyectos extractivos, están las subsidiarias de los grupos Frisco, Peñoles, Grupo México y Minera Autlán.

De acuerdo a Miguel Reyes, doctor del Instituto de Investigaciones Sobre Desarrollo Sustentable  y Equidad Social de la Universidad Iberoamericana, los conflictos por desplazamiento de pueblos originarios lejos de terminar podría crecer, debido a que el Gobierno Federal ha entregado en concesión para la ejecución de proyectos extractivos más del 40 por ciento del territorio nacional.

La confrontación entre pueblos originarios y empresas trasnacionales se lleva en diversas trincheras: desde la resistencia social a los proyectos de inversión, hasta movimientos radicales de autodefensa, donde los pueblos desplazados insisten en la autonomía regional.

En Nayarit, el pueblo Wixarika incluso anunció la creación de un partido político para frenar la construcción de un desarrollo turístico en su zona sagrada, y en Michoacán, se gesta un movimiento independentista en la Comunidad Rural de Ostula. La intención es frenar la expansión del grupo Ternium mediante la emancipación.

Un caso no reconocido por el Gobierno Federal es el brote de insurgencia en la comunidad michoacana de Cherán, en donde a más de dos años de haberse declarado independientes, el gobierno no ha entrado en diálogo con los habitantes.

Esa independencia ha frenado la presencia de proyectos de energías renovables planteados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en la Meseta Purépecha.

Y en Chiapas, de acuerdo a la Comisión para el Diálogo de los Pueblos Indígenas de México, se registra uno de los conflictos más preocupantes para la Federación. Allí, los habitantes del municipio de San Cristóbal de las Casas han decidido crear su propia policía comunitaria con la que pretenden frenar los intentos de instalación de dos mineras del grupo Frisco.

La nueva colonización

Para Miguel Reyes, investigador de la Universidad Iberoamericana, las transnacionales que se extienden en todo el suelo mexicano, son favorecidas por la legislación federal.

“Se les permite que obtengan las mayores utilidades a costa de los pueblos y aun así tienen opción de no pagar impuestos”, detalló.

Citó como ejemplo que la Reforma Fiscal – promovida por el diputado perredista Armando Ríos Piter– es la mejor oportunidad para el incremento de utilidades de las grandes empresas de proyectos extractivos.

“Se les otorga la facilidad de diferir el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y desvanecer el monto de sus utilidades mediante la figura del llamado Régimen Opcional de Grupos de Sociedades”, explicó.

Además, México tiene un régimen fiscal cómodo para las mineras, el mejor del mundo, agregó.

“En nuestro país no se cobra impuesto por derecho de extracción de minerales, cuando en países como Canadá se aplica un cobro del 17 por ciento o en los países escandinavos llega al 50 por ciento sobre lo extraído. En México se cobra el 7.5 por ciento a dividendos de utilidades, cuando en la mayor parte de los países del mundo con actividad minera, el cobro de ese renglón llega al 30 por ciento”, dijo Reyes.

De acuerdo a la Cámara Minera de México (Camimex), en México se tienen registrados 803 proyectos mineros, sin embargo, en al menos 210 casos hay fricciones notables con la comunidad y pueblos naturales. Tal es el caso de la comunidad de Tetela de Ocampo, en Puebla, en donde la resistencia social ha llevado a todo un pueblo a tomar las calles para protestar por la exploración de la que sería la mina de oro más grande del país, la cual fue entregada por el Gobierno Federal a la empresa Almaden Minerals, de capital canadiense.

Por las buenas o por las malas

No solo los proyectos extractivos de mineras internacionales ocasionan conflictos con los pobladores naturales de México. Los desarrollos turísticos también son objeto de agitación social. Entre los casos más sonados están los de Cabo Pulmo, en Baja California Sur, y El Tamarindillo, en Michoacán. En ambos, la Federación ha hecho oídos sordos a los reclamos de los vecinos afectados.

Fuente: http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/en-defensa-de-la-tierra